WASHINGTON.- El operativo de deportación masiva de inmigrantes ilegales lanzado por la segunda administración del presidente Donald Trump tendrá una novedad para la Argentina: por primera vez en lo que va del año, uno de los aviones fletados por el gobierno norteamericano para expulsar migrantes tendrá como destino final el aeropuerto de Ezeiza, según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales.
Aunque no hay cifras oficiales sobre cuál es la cantidad de deportados argentinos en lo que va del año, LA NACION pudo saber que en distintos consulados se han registrado más casos que el año pasado. Respecto a ciudadanos de otros países latinoamericanos, como los centroamericanos, las cifras de argentinos expulsados por Estados Unidos suelen ser bastante más bajas.
Está pautado que la aeronave, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, de la empresa Omni Air International, parta este miércoles desde un aeropuerto no revelado en Estados Unidos, y hará escalas previas en Bogotá, la capital de Colombia, y en el aeropuerto internacional de Confins (CNF), de Belo Horizonte, en Brasil, de acuerdo a los planes de vuelo de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) brasileña. No hubo confirmación oficial de cuántos argentinos serán trasladados en ese avión, en medio de un marcado hermetismo del operativo.
En el marco del plan de deportaciones masivas del gobierno de Trump, ya hubo otros argentinos deportados, que han sido trasladados a Buenos Aires en aviones comerciales. En general, cada ciudadano expulsado es acompañado por dos agentes de deportación, que luego regresan en forma inmediata desde Buenos Aires hacia Estados Unidos, según pudo reconstruir LA NACION.
De acuerdo a la programación registrada en la ANAC brasileña, el Boeing 767, operando bajo el número de vuelo OAE-3642, tiene previsto llegar a Confins a las 19.30 (hora local). La escala en la ciudad del estado de Minas Gerais será de aproximadamente dos horas, con un despegue programado hacia la Argentina a las 21.30, según reveló el sitio especializado Aeroin. El tiempo estimado de vuelo entre Belo Horizonte y Buenos Aires suele ser de poco más de tres horas, por lo que la aeronave podría llegar a Ezeiza en los primeros minutos del jueves.
Toda la programación es una previsión y puede estar sujeta a cambios, señalaron desde los sitios especializados.
Según una investigación realizada por Ricardo Morgan, que fotografía y filma el tráfico aéreo en el aeropuerto de Confins, desde principios de este año hasta la semana pasado, más de 1900 brasileños fueron deportados por Estados Unidos en 21 vuelos que tenían como destino Belo Horizonte o Fortaleza.
La amplia ofensiva de la Casa Blanca contra los migrantes ilegales fue una bandera de campaña de Trump que sigue a toda marcha, y promete acelerarse en los próximos meses a raíz del multimillonario financiamiento que tendrá a partir del 1 de octubre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).
De hecho, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional norteamericana, quien recientemente visitó la Argentina para firmar junto al presidente Javier Milei un documento de intención para trabajar hacia el reingreso del país al Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés), ha sido la cara visible de una publicidad en televisión para persuadir a los migrantes ilegales a la autodeportación.
El spot del gobierno estadounidense, que empezó a emitirse en julio pasado, continúa apareciendo en los canales argentinos, y muestra un mensaje en español de Noem.
En la serie de avisos, lanzada hace cuatro meses por la Casa Blanca en el marco de su campaña contra el ingreso irregular de inmigrantes al país norteamericano, Noem advierte sobre los riesgos de no cumplir con las leyes de su país.
“Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia: no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso y al final los atraparemos y los enviaremos de regreso”, afirma en el comienzo de uno de los videos institucionales. El ICE está bajo el ala del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que dirige Noem.
El ICE, con más flexibilidad para sus redadas, registró unas 200.000 deportaciones desde que Trump asumió el cargo, el 20 de enero, y se encamina en 2025 a superar cifras que no se veían desde hacía una década en Estados Unidos.
Los vuelos de repatriación de compañías privadas a diversos países, sobre todo de América Latina, están en pleno auge, mientras que el plan de autodeportaciones recibió un fuerte impulso, y la capacidad del sistema de detención de inmigrantes fue ampliada con el objetivo de acelerar las expulsiones.
Si bien el combo entusiasma a la administración republicana, las cifras de deportaciones totales para este año -ya hubo 350.000 entre todas las agencias federales, sumadas a las auto-expulsiones, según estimaciones de expertos- aún quedarían lejos del objetivo que se trazó la Casa Blanca para este año: un millón de expulsados de Estados Unidos, a un ritmo de 3000 por día.
Detrás del aumento en el ritmo de las deportaciones los expertos detectaron otro fenómeno: el del boom que atraviesan las compañías aéreas que son contratadas para llevar a los expulsados a sus países de origen u otros destinos, como es el caso de Omni Air International, con sede en el aeropuerto internacional de Tulsa, Oklahoma.
La creciente demanda de transporte aéreo del ICE está resultando lucrativa para aerolíneas chárter privadas, como GlobalX, con sede central en Miami; Eastern Air Express, en Kansas, y la aerolínea de bajo costo Avelo, en Houston, que obtienen millones de dólares con los vuelos, reveló una investigación del Financial Times.
En un memorándum a empleados obtenido por el diario británico, Avelo consideró los vuelos de ICE “demasiado valiosos como para no considerarlos”.
Según el DHS, los vuelos de deportación tienen como objetivo repatriar a ciudadanos de otros países que han violado las leyes de inmigración estadounidenses. Los deportados son principalmente personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, que no estaban autorizadas a permanecer en el país, que han sido condenadas por delitos o que se consideran una amenaza para la seguridad nacional.
